La Fiscalía General de la República lanza citatorio a funcionarios
Parece ser que después de varias semanas, por fin comenzó el movimiento en la Fiscalía General de la República. Tan sólo este fin de semana, la Fiscalía General de la República envió una serie de citatorios a diversos perfiles.
Primero, la FGR citó a comparecer a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos y el ahora ex fiscal estatal, César Jáuregui. Esto debido al suceso de la muerte de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo realizado para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal en el estado de Chihuahua. La FGR afirmó que el objetivo de esta medida radica en poder esclarecer los hechos de lo ocurrido, así como investigar a fondo la cadena de mando de las personas servidoras públicas involucradas.
De la misma manera, la FGR citó a los funcionarios públicos de Sinaloa a quienes la Corte del Distrito Sur de Nueva York habría señalado por tener vínculos con el crimen organizado. Entre ellos se encuentra, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rúben Rocha Moya, el senador por Morena, Enrique Inzunza, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. ¿El propósito del citatorio? Continuar con las investigaciones que se han derivado de las investigaciones de la Corte de Nueva York.
Ahora bien, las medidas implementadas por la Fiscalía General de la República crean una serie de dudas, tal vez no por la forma, pero si por el fondo que sabemos que hay detrás:
Por un lado, es bien sabido que el gran problema con lo sucedido en Chihuahua es la ignorancia, tanto del gobierno estatal como federal, sobre la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano. Dicha realidad, ha puesto en la mira a la panista Maru Campos tras ser acusada por el oficialismo como traicionera de la soberanía nacional, tanto así que partidos como Morena y el PT han buscado el juicio político de la gobernadora.
Mientras que, por el otro lado, el caso de los funcionarios de Sinaloa ha causado revuelo en los medios por la posición del oficialismo y del poder Ejecutivo de este país. Donde, pese a la gravedad de las acusaciones provenientes de Estados Unidos y a las evidencias adjuntas en sus investigaciones, han permanecido firmes con la postura de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O más bien, a palabras de la presidenta, hasta que entreguen evidencias suficientemente probatorias.
Es entonces donde surge una pregunta inevitable, ¿será que a Maru Campos se le investigará bajo la misma narrativa de presunción de inocencia bajo la cual se ha defendido todo este tiempo a los funcionarios de Sinaloa?
